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El decreto-ley 15/2017 para facilitar el cambio de domicilio social a las empresas

Escrito por Pedro Ferreras el 7 noviembre 2017

El pasado 6 de octubre de 2017, el Gobierno español aprobó el Real Decreto-ley 15/2017 (en adelante, el “RDL 15/2017”), de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, por el que se modificó el artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), incluyendo los siguiente:

Artículo 285. Competencia orgánica.

  1. Cualquier modificación de los estatutos será competencia de la junta general.

  2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.

De acuerdo con su preámbulo, el objetivo del RDL 15/2017 es dar una redacción clara, conforme a la cual no existan dudas de que la regla general es que el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional es una competencia que corresponde originariamente al órgano de administración de la sociedad y de que solo si los accionistas consideran que dicha regla debe modificarse lo deben establecer en los estatutos.

A estos efectos, la disposición transitoria única del RDL 15/2017 aclara que se entenderá que hay disposición contraria de los estatutos sólo cuando con posterioridad a la entrada en vigor del mismo se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

Es decir, los socios de aquellas sociedades que pretendan limitar la competencia del órgano de administración en esta materia deberán, obligatoriamente, modificar sus estatutos acogiéndose a la regla general del art. 285.1 de la LSC, esto es, que cualquier modificación estatutaria deberá ser aprobada por la junta general.

Sin embargo, a pesar del RDL 15/2017 ofrecer una herramienta ágil para el cambio de los estatutos sociales en lo que se refiere al domicilio social, es importante mencionar que el cambio de domicilio conlleva a la necesidad de un traslado efectivo de la administración y dirección de la sociedad o de su principal establecimiento de actividad, a tenor de lo previsto en el artículo 9.1 de la LSC: Las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación.

Es decir, en el supuesto de que el cambio no conllevara un traslado efectivo de la dirección de la entidad o bien no existiera en el lugar de destino el establecimiento principal de actividad, ello podría generar la posibilidad de impugnación del acuerdo del órgano de administración por ser contrario a la Ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 204.1. de la LSC.

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